La semana pasada se difundió en los medios de comunicación la posición del OSCE respecto a reducir los Adelantos en Obras Públicas de 60% a 30% como parte de los nuevos cambios que debiera recoger el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado pendiente de publicarse.
En respuesta a esta posición los gremios privados vinculados al sector ya hicieron notar su rechazo. No podemos negar que el sustento de la propuesta gubernamental es endeble ya que tiene como soporte el reporte histórico de obras inconclusas como efecto de la irresponsabilidad de cierto grupo de contratistas. Como dice el refrán bíblico “justos pagan por pecadores”. Se quiere hacer de la “excepción una regla”.
Pongamos en la balanza las cosas ¿Qué objetivos se persiguen con la reducción de Adelantos?
• Es un mecanismo social de difusión del financiamiento.
• Se impulsa el acceso y participación de más empresarios en la obra pública.
• Se facilita el acceso de las empresas MYPES en la ejecución de infraestructura pública.
• Se reducen los costos financieros para el empresario (ya que la tasa de interés de las fianzas –colateral de los adelantos- es sustantivamente menor a los créditos de capital de trabajo o comerciales.
• Se impulsa la financiación y ejecución de la obra pública.
A ello hay que sumar la participación activa de un grupo importante de agentes vinculados a la Obra Pública quienes se verían impactados negativamente con esta reducción, así por ejemplo: proveedores diversos (de materiales de construcción, agregados, transporte de carga, maquinarías y equipos, etc); subcontratas de mano de obra y servicios de ingeniería; mano de obra y servicios de terceros especialistas; instituciones financieras emisoras de financiamientos; intermediarios y asesores; etc; todos ellos, retrasarían sus expectativas económicas a expensas de que la empresa contratista obtenga liquidez –como efecto de la ejecución, valorización, aprobación y pago- para el pago de sus bienes o servicios, algunos de ellos, incluso, no podrán ofrecerlos pues no tienen la capacidad de otorgar créditos o ampliaciones de plazo de los mismos ya que como sabemos la “hoja de ruta administrativa” de las entidades públicas es aún engorrosa.
Sin embargo, no podemos soslayar la función tutelar de los organismos supervisores como el OSCE y Contraloría a quienes le aborda la enorme responsabilidad de cautelar los fondos públicos y la ejecución correcta de las obras públicas programadas. Por nuestra parte, entendemos el MENSAJE. Los tiempos exigen EFICIENCIA en la ejecución de las obras públicas por parte del empresariado. Esto no es otra cosa que buen desempeño y gestión en el manejo y cumplimiento de presupuestos, calendarios de ejecución y otros vinculados directamente al desarrollo de una obra pública. El Estado ya no puede ocultar su desazón con los empresarios temerarios que pretenden socavar el erario nacional a través de sus maniobras delictivas sorprendiendo a autoridades, sistema financiero, proveedores y terceros en particular, e indirectamente, a la comunidad y sociedad en general que cifra expectativas en el goce, uso y disfrute de obras públicas y para los cuales paga sus obligaciones fiscales. En esto sí estamos de acuerdo a carta cabal.
